La Coordinadora de ONGD Españolas en Bolivia denuncia la falta de compromiso del Gobierno de España con la solidaridad internacional. La anulación de la convocatoria de convenios 2012 a cuatro años en Bolivia supone no atender demandas y necesidades de cerca de 50.000 personas
La Cooperación internacional al Desarrollo en España está soportando uno de los mayores ataques que haya sufrido. Las administraciones públicas han apostado por una política de antisolidaridad, recortando sus aportes a un mundo más justo y equitativo de manera extrema y muy por encima de otras partidas presupuestarias (ejército, casa real, etc.) o de otros gastos aprobados (salvataje a bancos).
El incumplimiento de los compromisos adquiridos hace que se vea imposible o, cuanto menos muy lejano, alcanzar el 0,7% del PIB, tal y como el Gobierno español había firmado y los partidos políticos, incluido el gobernante, habían fijado, quedando en un exiguo 0,23%.
Por otra parte, se están orientando las solicitudes de apoyos a otras fuentes de financiación, tales como la Unión Europea y financiadores privados (bancos, grandes empresas), a sabiendas que en esta época de crisis se están viendo igualmente afectados por la misma lógica de insolidaridad, ajustes restrictivos de requisitos, e, igualmente, orientación a otras fuentes de financiación. Las aportaciones particulares, obviamente, se han visto también disminuidas por la caída de los ingresos de la mayor parte de la población española.
La partida de ayuda oficial al desarrollo (AOD) es la que más recortes sufre, con algo más del 45%. La preocupación es mayor preguntándonos qué tipo de cooperación se busca cuando de ese 45% sólo el 42% será gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, quedando el resto en manos del Ministerio de Economía y Competitividad y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) contará para 2012 con un presupuesto de 379 millones, de las que se estima una dotación de tan sólo 26 millones para la convocatoria de proyectos. Estos recortes se suman a los ya sufridos en los últimos años.
También la AOD de las comunidades autónomas españolas (departamentos) ha experimentado una reducción aproximada del 40% en los últimos cuatro años y la de los ayuntamientos (municipalidades) ha disminuido en torno a un 32% desde 2009.
Además, el gobierno español ha resuelto anular la convocatoria de convenios 2012, tras haber sido realizado todo un proceso previo de identificación y preformulación. Los convenios son un instrumento de cooperación a medio plazo que permitía un impacto más profundo. Concretamente, en Bolivia, se verán afectadas, después de realizar un trabajo previo y generados los apoyos locales, cerca de 50.000 personas, que iban a ver fortalecidas su educación y formación básica, sus derechos humanos, desarrollo productivo, organizativo, respuesta a desastres naturales, la gestión sustentable y el pleno ejercicio del derecho al agua, los derechos indígenas y la consolidación de la gestión de su territorio. Son población de comunidades rurales campesinas y periurbanas, pueblos indígenas, áreas altamente vulnerables medioambientalmente, mujeres, colectivos en situación de pobreza y duramente desfavorecidos, de más de veinte municipios de los nueve departamentos.
Todas estas medidas de antisolidaridad suponen cada vez más pobreza, menos acceso a los derechos humanos, al agua potable, al desarrollo rural, a la educación, al territorio. La cooperación es justicia social, solidaridad, intercambio, trabajo conjunto, por lo que entendemos debe seguir siendo una política pública, de Estado, transparente, comprometida, continuada, a favor de la distribución de la riqueza y por un sistema en el que las personas estén por encima de los intereses económicos.
La Coordinadora de ONGDs Españolas en Bolivia COEB reafirma su compromiso con el desarrollo de este país, con los sectores más vulnerables y con el acompañamiento en su proceso de desarrollo, por lo que seguiremos trabajando, con el respaldo de nuestra base social y de la ciudadanía española, a favor de una ética pública y un mundo más justo.
